Comentábamos en publicaciones anteriores de CONSULTORIO TRIBUTARIO, la importancia de planear adecuadamente la base gravable para el pago del nuevo IMPUESTO AL PATRIMONIO en el 2011 y hasta el 2014.

 

Recordemos, que la Ley 1370 de diciembre 30 de 2009, prolongó por otro año más la causación y pago del denominado IMPUESTO AL PATRIMONIO, cuyo hecho generador lo constituye la posesión de riqueza o patrimonio líquido a primero (01) de enero de 2011 en cuantía igual o superior a tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000). Su causación es a ésta misma fecha con presentación de una sola declaración tributaria, para ser pagado en ocho (8) cuotas iguales a partir del año 2011 y hasta el 2014 (dos cuotas cada año), dentro de los plazos que establezca la Dian.

 

El anterior impuesto de patrimonio (Ley 1111 de 2006) se estuvo pagando a éste año 2010 que fue la última cuota, con estructura temática y conceptual igual al que se va a causar y pagar a partir del año 2011.

 

Sin embargo, este nuevo impuesto de patrimonio, se presenta bajos unos parámetros legales, técnicos y administrativos que no se habían establecidos en legislaciones anteriores, como es el caso, por una parte, de la base gravable y las tarifas, y por otro lado, de la administración, control y sanciones del impuesto.

 

En ésta oportunidad, queremos “meternos” en el tema de la depuración de base gravable en términos de prudencia Vs agresividad, no tanto para instruir sobre mecanismos o estrategias para su depuración como en efecto las hay, sino para alertar a los contribuyentes de éste impuesto y a sus asesores tributarios o contadores sobre los riesgos de auditoría tributaria y de las sanciones a que se pueden exponer por aplicar, mediante ajustes contables y/o fiscales, estrategias que disminuyan la base gravable  sin que correspondan a hechos u operaciones efectivas y reales.

 

En efecto, ésta ley 1370 de 2009, en su artículo 8, que adiciona al estatuto tributario el articulo 298-5, establece variaciones no autorizadas del patrimonio como mecanismo de control para la correcta liquidación del impuesto y propone como inexactitud sancionable en los términos del artículo 647 del E.T., es decir, sanción del 160% por las diferencias que se generen a favor del estado en una liquidación oficial, el utilizar ajustes contables y/o fiscales que no correspondan a operaciones efectivas o reales y que implicaron la disminución del patrimonio líquido.

 

Bajo ésta legislación, nos preguntamos ¿Qué son operaciones efectivas o reales?.

 

Técnicamente, afirmamos que son las que se pueden documentar, demostrar  y validar con hechos externos al ente económico y que no obedecen a maniobras tendientes a disminuir el impuesto.  Sin embargo, cualquier estrategia o mecanismo legal que se utilice, sin lugar a dudas, dará lugar a controversias con la administración tributaria, en casos como  autorizaciones de disminuciones del capital pagado, perdidas de operación y por transacciones extraordinarias, escisiones, fusiones, etc.

 

La norma en mención señala los siguientes mecanismos que pueden ser investigados como hechos no justificativos de una disminución patrimonial, adicional a los hechos irregulares mencionados en el artículo 647 del E.T.: 1) Omisión o subestimación de activos, 2) Reducción de valorizaciones, 3) Reducción de ajustes o reajustes fiscales, 4) La inclusión de pasivos inexistentes y 5) La inclusión o registro de provisiones no autorizadas o sobreestimadas.

 

En este sentido recomendamos entonces, documentar absolutamente todas las variaciones fiscales y conciliaciones patrimoniales que se presenten entre la contabilidad comercial y la contabilidad fiscal.

 

Igualmente informamos, que en comunicado de prensa No. 051 de octubre 20 de 2010 de la Corte Constitucional, atendiendo a su Sentencia C- 831 de 2010, ha señalado lo siguiente:

 

El descuento del valor de acciones de  la base gravable del impuesto al patrimonio se extiende a los aportes en sociedades y la exención tributaria establecida en beneficio de las entidades en proceso de concordato o liquidación, debe aplicarse también a las personas naturales sujetas el régimen legal de insolvencia”

 

La anterior decisión de la corte se venía esperando por el error cometido en la redacción de la ley, decimos algunos entendidos en la materia.

 

 Las preguntas son absueltas por los socios de Araque & Asociados –Consultores Tributarios-. Las respuestas se basan en el entendimiento de las normas vigentes y pueden no ser compartidas por las autoridades tributarias. Consulte www.araqueasociados.com Preguntas:[email protected] Atención personalizada en la Carrera 7 No. 8-72 oficina 204, teléfonos: 872 12 27, 321 452 3315.

 

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