SENTENCIA C-492 de Agosto 5 de 2015, declara EXEQUIBLE, es decir Constitucional, todo el contenido (integral) del artículo 10 de la Ley 1607 de 2013 en concordancia con los cambios que posteriormente trajo a esta norma el artículo 33 de la Ley 1739 de 2014, marco legal que introdujo al Libro Primero del Estatuto Tributario Nacional el Título V –Impuesto a la Renta de las Personas Naturales-, con una nueva estructura sustancial, tema que ha sido suficientemente disertado en nuestra columna CONSULTORIO TRIBUTARIO cuando nos hemos referido entre otros aspectos, a las nuevas categorías tributarias que se establecieron para tal fin: a) Empleados, b) Trabajadores por Cuenta Propia y c) Las demás personas naturales que no clasifiquen dentro de las dos primeras.

La Corte Constitucional en este fallo declara la Exequibilidad integral de la norma, bajo el entendido, que a partir del periodo gravable siguiente a aquel en que se expide el fallo (año gravable 2016 que estará presentando en el 2017), para el cálculo de la RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA a la categoría de Empleados obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS, debe permitir la sustracción de la renta exenta del 25% en los términos previstos por el numeral 10 del Artículo 206 del Estatuto Tributario, prohibición contenida en el mismo desarrollo del artículo 332 del Estatuto que consagra los factores expresamente permitidos para restar a los ingresos brutos realizados y así obtener la Renta Gravable Alternativa, como mecanismo alternativo y obligatorio para tasar el impuesto a la renta a pagar de las personas naturales en la citada categoría tributaria de Empleados.

Debemos aclarar, que el derecho a la renta exenta del 25% para rentas de trabajo contemplado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, solo es aplicable para obtener la renta gravable bajo el régimen ordinario o tradicional dentro del contexto del artículo 26 del E. T., mas no fue permitido, reiteramos, para obtener la Renta Gravable Alternativa en el IMAN- IMAS para Empleados.

Sirvió de fundamento para la anterior decisión judicial, entre otros aspectos, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha sostenido que, el Estado, en desarrollo del principio de la prohibición de los impuestos confiscatorios, no puede, al ejercer la potestad tributaria, pasar por alto impuestos que ineludible y manifiestamente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente establecido para garantizar la supervivencia digna de la persona, postulado que también es especialmente relevante para el caso al derecho fundamental del Mínimo Vital, en particular el de las personas que apenas cuentan con lo indispensable para sobrevivir (art. 13 de la C.P.). El Estado está obligado a propender por la creación y mantenimiento de las condiciones materiales necesarias para que una persona pueda sobrevivir dignamente (por ejemplo en determinadas circunstancias de urgencia, gran peligro o penuria extrema), y está a su vez obligado a garantizar tales condiciones, usualmente de manera temporal, para evitar la degradación o el aniquilamiento del ser humano. (Sentencia C-776 de 2003).

El derecho fundamental al mínimo vital (Mínimo vital vivible), concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la economía (artículo 334 C.P.).

En este sentido, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- rindió concepto coadyuvando a la demanda, estimando que las disposiciones acusadas “agravan la situación del trabajador, al gravar los beneficios mínimos a que tiene derecho”. Sostiene que la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012 al no permitir el beneficio de la renta exenta del 25% para obtener el Impuesto por el IMAN-IMAS para empleados, obliga a los trabajadores a “ceder sus magras rentas para ‘equilibrar’ el descompensado presupuesto de la nación”. Dice que mientras “[l]os ingresos de los trabajadores(as) vienen cayendo año a año […], las empresas que generan un empleo en pésimas condiciones laborales, precarizados y tercerizados, gozan de todo tipo de exenciones y rebajas tributarias”. Añade que la reforma desconoce el mínimo vital de los trabajadores, pues mientras reciben iguales o menores ingresos deben tributar más, con lo cual se llega a una “precarización del salario”. Esto se traduce en una afectación de los beneficios mínimos establecidos en el derecho internacional del trabajo y limita irrazonablemente el principio de progresividad.

PORQUE EL BENEFICIO SOLO APLICA A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 2016.

Por lo establecido en el Art. 338 de la C.N.  Esta disposición establece, que las normas atinentes a tributos de periodo “no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después”.

La Corte señaló, que si bien esta disposición textualmente parece aplicar solo a la entrada en vigencia de normas contenidas en leyes, ordenanzas o acuerdos, lo cierto es que en observancia de los principios de planeación, el presupuestal de las rentas públicas y el de sostenibilidad fiscal (C.P. Arts. 339 y ss., y 334) el estándar allí definido en el artículo 338 de la C.N., debe tomarse en consideración al momento de extender en una decisión de control constitucional, y por mandato de la Constitución, una exención sobre una especie tributaria que antes no la consagraba. En efecto, en esos casos, la Corte Constitucional debe garantizar al mismo tiempo los principios de supremacía de la Constitución (CP art 4) y conservación del derecho (CP art 1), sin que esto implique un alto sacrificio en la planeación, el presupuesto de las rentas públicas y la sostenibilidad fiscal, por lo cual es entonces necesario armonizarlos por la vía de modular los efectos de la decisión en el tiempo.

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