En Concepto Jurídico No. 48258 de Agosto 11 de 2014, la Dian por fin apunta a ubicarse en su doctrina, a una interpretación más justa, pero ante todo, para acomodarse a una interpretación que administrativamente sea aplicable y práctica dentro del marco legal del artículo 108 del Estatuto Tributario en la forma como fue adicionado por el artículo 27 de la Ley 1393 de 2010 y reglamentado por el artículo 3 del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 posteriormente modificado por el artículo 9 del Decreto 3032 de 2013, relacionado con la obligación por parte de los patronos o contratantes a exigir a los contratistas personas naturales en su calidad trabajadores independientes por sus servicios personales, la afiliación y pago de las cotizaciones y aportes al sistema de seguridad social integral.

Como es bien conocido por todos los contribuyentes del impuesto a la renta (personas naturales y personas jurídicas) en su calidad de contratantes, a partir del mes  de junio del año pasado fecha en la cual entró a regir la aplicación del citado artículo 3 del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013, se comenzó a verificar y a exigir la afiliación y pago de las cotizaciones y aportes a la protección social de los contratistas personas naturales trabajadores independientes, so pena de no proceder la deducción por los pagos realizados a éstas personas.

La aplicación de toda la anterior normatividad y en especial de los conceptos que la Dian ha venido expidiendo sobre este particular, ha ocasionado todo un lío de exageración interpretativa y ha dificultado un buen manejo práctico y administrativo del tema, donde inclusive, la Dian ha dicho, que se debe exigir el pago de la seguridad social a los transportadores de carga en sus propios vehículos, a los rentistas de capital como en el caso los arrendamientos de bienes inmuebles, aspectos sobre los cuales no estuvimos de acuerdo y por el contrario, los criticamos en su oportunidad en ediciones de CONSULTORIO TRIBUTARIO anteriores.

Por fortuna en hora buena y con aplausos a la Dian, se ha expedido el Concepto No. 48258 de Agosto 11 de 2014, donde específica y aclara en su nueva tesis jurídica, por no decir que se retracta de sus anteriores conceptos, después de un análisis o citación como fuentes formales de derecho de las normas que reglan el pago de los aportes a la seguridad social, lo siguiente:

“En este contexto, se colige que por regla general, en los contratos sean civiles, comerciales o administrativos en donde esté involucrada la prestación de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, indistintamente de la forma en que se pacte el servicio, de la denominación de la remuneración, o de los elementos o maquinaria utilizada para su prestación (Oficio No. 072394 del 13 de Noviembre de 2013), la parte contratante deberá verificar la afiliación y el pago de aportes al sistema de seguridad social integral que le correspondan al contratista según la ley.

A contrario sensu, en los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, tales como los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, no resulta aplicable la verificación prevista en el artículo 3 del Decreto 1070 de 201, modificado por el artículo 9 del Decreto 3032 de 2013.

En mérito de lo expuesto se revocan los conceptos que sean contrarios a la presente doctrina”

En conclusión, la verificación y pago de las cotizaciones y aportes a la seguridad social en los términos y condiciones reglamentadas por el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013 en la forma como fue modificado por el artículo 9 del Decreto 3032 de 2013, solo es exigible cuando se trate de contratistas que presten un servicio personal. En este sentido, por ejemplo, los Conceptos Nros. 034321de junio 9 de 2014 y 060032 del 23 de septiembre de 2013 sobre el servicio de transporte de carga quedan derogados para los efectos de tributarios pertinentes.

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