Interesante título por cierto, el que como ciudadanos y como miembros de esta sociedad que esperamos con anhelo mayor justicia social, nos preocupa y nos preguntamos de qué manera nos puede afectar.

Hemos leído en juiciosos estudios y análisis económicos, que nuestro país durante la última década ha mostrado tendencias económicas favorables representadas en tasas de crecimiento estables y un prudente manejo fiscal y monetario. De igual manera, Colombia se ha mostrado como destino atractivo para la inversión extranjera afianzándose como país económicamente sólido para proyectos de inversión. Sin embargo, a pesar de las favorables cifras macro-económicas (buen crecimiento económico, inflación baja y controlada, altos niveles de inversión) mantiene una serie de obstáculos que le impiden consolidar un nivel de desarrollo económico y social deseable, por ejemplo, según cifras del Banco Mundial, el país mantiene una de las tasas más altas de desigualdad debido a la concentración de riqueza en algunos sectores, por  otro lado, se tiene un elevado índice de informalidad ocupacional (cerca de 2 de cada 3 trabajadores son informales) producto de distintas rigideces laborales, entre otros aspectos. Por ello, el actual gobierno nacional desde su inicio del primer cuatrienio, ha emprendido reformas estructurales, que si bien no tributarias aún de ésta índole, si reformas tributarias buscando acomodarse a políticas y programas de gobierno que buscan disminuir la desigualdad, el incremento del empleo y el rescate de la equidad.

 El primer ministro de Hacienda de este gobierno JUAN CARLOS ECHEVERRY, propuso en el primer año, una reforma tributaria que lo denominaba ELISSA (Equidad, Limpieza, Simplicidad, Seducción y Adaptación a estándares internacionales), en un proyecto que buscaba depurar el estatuto tributario, reorganizar el sistema y simplificar la tributación en el país, proyecto que no prosperó por un debilitamiento de las relaciones ejecutivo-legislativo por la controversial reforma constitucional a la justicia, y la que el nuevo ministro de Hacienda MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA consideró no conveniente porque no estaba acorde con la coyuntura económica mundial; sin embargo, solo se dio una pequeñita reforma tributaria la que terminó con la expedición de las leyes 1429 y 1430 de 2010, donde se destaca incentivos tributarios para la formalización y generación de empleo, beneficios que aún subsisten pero que aún no  logrado los objetivos esperados.

En consecuencia, el nuevo Ministro CARDENAS SANTAMARIA en un proceso de estudio y construcción de una reforma tributaria de mayor alcance, consideró, que lo que Colombia necesitaba era una reforma que equiparara las cargas tributarias de la sociedad y que eliminara los factores que dificultaban la generación de empleo, así que propuso una reforma tributaria que se enfocaba exclusivamente en la corrección de distorsiones puntuales del sistema tributario, y la que, en su socialización,  el gobierno propugnaba a lo largo y ancho del país, que ésta reforma no perseguía mayores recaudos porque las arcas del Estado se encontraban con recursos suficientes y la que terminó por fin a toda carrera con la expedición de la Ley 1607 de 2012, que por cierto, resultó muy controvertida, porque gravó con mayor fuerza a la clase media colombiana. Se destacan de esta reforma, nuevos sistemas de determinación de base gravable en el impuesto a la renta para asalariados y trabajadores independientes como el IMAN y el IMAS. Paralelamente los contribuyentes del impuesto a la renta venían pagando el último impuesto al patrimonio, cuyo hecho generador lo constituyó la posesión de riqueza a primero de enero del año 2011, con una base gravable de patrimonio neto igual o superior a mil millones de pesos.

Hoy, el gobierno nacional justifica, en principio para terminar de costear el presupuesto del año 2015, de una nueva reforma tributaria que busca pera los próximos cuatro años financiar la paz, la equidad y la educación, donde se extenderían por 4 años más el 4×1.000, el Impuesto al Patrimonio con un nuevo nombre de “Impuesto a la Riqueza”, y una sobretasa de tres puntos adicionales  por tres años del impuesto de renta para la Equidad Cree, propuestas que ni a la Andi, ni a las petroleras, ni al sector gremial nacional, les caído nada bien, porque afecta considerablemente la inversión.

Continua……

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