A 12 días de haberse radicado en el congreso el proyecto de reforma tributaria 2014, en este segundo espacio de reflexión de CONSULTORIO TRIBUTARIO acerca del impacto de la propuesta en el bolsillo de los colombianos en el año 2015 y por cuatro años más, propuesta que aún no ha iniciado el debate legislativo correspondiente, pero eso sí, va ser “el regalo de navidad 2014” del gobierno nacional para los empresarios del país, y como dicen otros “es un mal necesario”, en nuestra condición de académicos del derecho tributario queremos en pocas palabras recordar reflexiones importantes de prestigiosos economistas estadounidenses como Joseph Stiglitz y James Tobin, donde, leyéndolos, se concluye por ejemplo, que así como Colombia ha creado impuestos para financiar la guerra (el 4xmil), por qué no se crean impuestos para financiar la pobreza, dado que, históricamente los sistemas tributarios de América Latina se han caracterizado por la escasez de los recaudos que generan las medidas adoptadas, necesarios tanto para proveer los bienes públicos como para financiar políticas que mejoren la distribución del ingreso, sobre todo en relación con los programas de reducción de la pobreza y el financiamiento del sistema de seguridad social y de inversión pública. 

El Impuesto a la riqueza como se pretende llamar ahora que reemplaza el impuesto al  patrimonio y el gravamen a los movimientos financieros (4xmil), sus recaudos en gran proporción deberían tener esa finalidad especifica de financiar la pobreza extrema que padece algunas regiones del país y el sistema de seguridad social en salud que vive en cuidados intensivos constantemente. 

A ésta nueva propuesta de reforma tributaria, el sector gremial ha señalado que el impuesto al patrimonio adopta el “muy mal llamado Impuesto a la riqueza” y que lamentan que se “mantuviera en los niveles anteriores y supuestamente temporales y que a pesar de haber incorporado un elemento de gradualidad, se haya reducido el umbral a partir del cual se aplica la tarifa máxima”. Por lo tanto se dice que afectará especialmente a los pequeños y medianos empresarios y a los pequeños y medianos ahorradores.

Pero lo cierto es que los empresarios si apoyan al Gobierno en la búsqueda de financiación para la operación e inversión social por 12,5 billones de pesos que requiere el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, pero la ANDI insistió, que la aplicación de estas normas excepcionales se limiten en el tiempo, “de forma que aprovechemos el año 2015 para hacer una reforma tributaria estructural que elimine las múltiples distorsiones de nuestro sistema de impuestos y que ponga a Colombia al nivel de los socios comerciales con los cuales competimos por vender nuestros productos y atraer en los escenarios de inversión”. Les recordamos que una reforma tributaria estructural equivale a decir -se lo escuchaba al Doctor JUAN MANUEL SANTOS en su época de Ministro de Hacienda-, que en principio “todos ponen, es decir, sudor y lágrimas para todo el  mundo”, pero al cabo de un tiempo se garantizan finanzas y sostenimiento eficiente del aparato estatal. 

En todo caso, según palabras del Ministro de Hacienda, con los recaudos producto de las nuevas medidas, se busca mantener los ingresos que garanticen continuidad en la política social y permitan alcanzar los logros que nos hemos trazado en el cuatrienio.  De esta manera, se obtendrán ingresos del orden de $12,5 billones por año durante los próximos cuatro años. Son recursos con los que se dará continuidad a las necesidades de seguridad y defensa, se mantendrá la inversión sin precedentes para la familia campesina, se avanzará en las metas de educación y se alcanzará la plena cobertura en el Programa de Cero a Siempre para la primera infancia. Bonito en el papel, amanecerá y veremos.

EVASIÓN Y CÁRCEL

El Gobierno logró la aprobación en el Congreso de un presupuesto de 216,2 billones de pesos para el próximo año. En el proyecto de reforma tributaria se propone un plan de lucha contra la evasión de impuestos con el que buscará recaudar 20 billones de pesos adicionales entre el 2015 y el 2018. Introduce además por primera vez, una sanción penal para quien no declare los activos que posea en el exterior por encima de 8.000 millones de pesos (3,9 millones de dólares), que conllevaría una pena de 4 años de cárcel.

Continúa……

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